El sistema democrático por el cual los representantes
del pueblo son elegidos otorga legitimidad a aquellos que, digámoslo de una
forma amable, son agraciados desde su propio partido político haciéndoles el
favor de incluirles en sus listas electorales. Es muy común ver como sus
señorías apelan a la sagrada voluntad popular para retroalimentarse en la
creencia de que los ciudadanos, debido a sus propios méritos, les han otorgado
la honorable misión de representarles.
Hoy aquí, en España, voy a mostrar dos claros ejemplos que desmontan de una manera rotunda la legitimidad moral y real de aquellos que
abanderan las directrices, en ambos casos nefastas, que tienden a encauzar
nuestras existencias.
El primer ejemplo es el del gobierno del Estado con un
presidente, Mariano Rajoy, que se siente fuerte porque, en base a la ley
electoral, dispone de un respaldo en el Congreso de los Diputados tan amplio
que cual rodillo, se permite pasar por encima de la voluntad del 68,42% de los
integrantes de un censo electoral que no le ha votado.
Mi afirmación se basa en el análisis de los resultados
electorales del 2011 (Congreso de los Diputados), a través de una óptica muy
distinta a la que una vez tras otra, las instituciones se empecinan a
presentarlas como dogmas.
Aquí van los datos:
En la imagen puede verse, sobre fondo salmón, los
datos publicados por el Ministerio del Interior y sobre fondo verde mi propia
interpretación de los mismos datos pero otorgando una representación basada en
la proporción directa al número de electores.
Pues bien, según este último escenario podríamos
observar que la cruda realidad es que el partido que en esta legislatura nos ha
colocado al presidente del Gobierno, en realidad sólo representa al 31,58 % del
electorado de nuestro país. Que los partidos que representan opciones
nacionalistas, y esto no es nada nuevo, están sobre representados en el
Congreso de los Diputados en perjuicio de formaciones sensiblemente más votadas
en el conjunto del Estado. Por otra parte, se puede ver como casi un millón y
medio de electores se quedan sin representación y como la abstención, de
tenerla en cuenta, implicaría que 99 sillones vacíos les recordaría a sus
señorías que no deben olvidar a esos casi diez millones de ciudadanos que por
diversas razones no han confiado en el sistema electoral actual.
El segundo ejemplo que voy a mostrar es el
correspondiente al parlamento catalán,
Aquí la realidad es aún más sangrante, los partidos
sin representación así como la abstención, sumarían, en un sistema
proporcional, la friolera de 51 escaños, llegando casi a duplicar el porcentaje
de votos obtenidos por el partido más votado. Por otra parte, también resulta
particularmente decepcionante ver como unos partidos que representan a menos de
un 37% del censo electoral están llevando a la sociedad catalana a lo que
podría convertirse en una cruel diáspora.
La política ganaría mucho si nuestro sistema electoral
fuese modificado de forma que los ciudadanos eligiésemos a nuestros
representantes por sus nombres y apellidos, si la representación se ajustase a
un sistema proporcional y si se arbitrasen fórmulas para que no se ninguneasen
los millones de votos sumados por partidos minoritarios y abstencionistas.
No voy a añadir mucho más, los datos hablan por si
solos, pero si es necesario alertar que lo que la ley legitima es aberrante.
JC
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