¡Tongo!
En relación a la pretensión de privatización de seis
hospitales públicos, tengo que decir que desde el principio el halo que ha
envuelto a ese concurso público ha dado muestras de una sospechosa connivencia
entre el organismo que solicita ofertas, el gobierno de la Comunidad de Madrid,
y los licitadores que pretendían hacer suyo, bajo un legítimo auspicio legal,
lo que es propiedad del conjunto de los ciudadanos de Madrid.
Los concursos públicos son un valioso instrumento que
la legislación pone en manos de las distintas administraciones del estado, con
el fin de solicitar la colaboración del sector privado para cubrir unas
necesidades que esas propias administraciones no podrían asumir con sus propios
recursos. Esos concursos públicos se basan en la libre competencia entre
empresas y/o profesionales, con solvencia demostrada, que dan respuesta a unos
requerimientos técnicos exigidos para la ejecución del contrato que regulará la
actividad, por un precio establecido por el propio licitador. En base a las
respuestas técnicas y económicas recibidas, el contratante decide, sobre unos
criterios previamente establecidos y cuantificables, la empresa adjudicataria
del contrato de bienes y/o servicios.
En mi apreciación, el intento de externalización
(privatización, cesión temporal de un servicio público, llámese como se quiera)
de la “dirección médica” de seis
hospitales públicos, una vez conocido el hecho de que al concurso únicamente se
habían presentado tres empresas y que cada una de ellas optaba a dos hospitales
a los que ninguna de las otras pretendía hacerse con el control, me dio tufo
que llegó a escandalizarme. Más tarde, al leer que la Comunidad de Madrid, sin
ningún tipo de remilgos, había procedido a realizar las adjudicaciones, mi
estupor se convirtió en indignación, ¿cómo era posible que ante la ausencia de
competencia no se declarase desierto el concurso?
En mi opinión, la justicia, a través de la fiscalía,
por aquello de que debe velar por el interés ciudadano, debería haber entrado
de oficio a investigar como fue posible que los astros se alineasen de tal
forma que produjeran un resultado descaradamente contra los intereses de los
madrileños, no ya en cuanto a la previsible decadencia del sistema sanitario,
que por supuesto se producirá, sino en cuanto al atentado a la inteligencia de
cualquiera que pusiese un poco de atención a lo que estaba pasando.
La fiscalía, debería de haberse hecho las siguientes
preguntas y haber procedido de oficio:
¿cómo es posible que cada empresa opte a dos
hospitales a los que no optan ninguna de las otras dos?, ¿han llegado estas
empresas a un pacto para repartirse esos hospitales?, ¿han recibido esas
empresas información privilegiada y/o asesoramiento desde la propia
administración de cómo deberían de jugar sus opciones?, ¿han sido excluidos
otros actores del reparto de la tarta sanitaria madrileña?
A mi se me viene a la cabeza una palabra: ¡tongo!
JC
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